Los factores extra legales determinan el uso del encierro cautelar según investigación
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Universidad Nacional de Pilar (UNP) presentaron el informe titulado “Violencia en el encierro. Racionalidades de la prisión preventiva en Paraguay” donde se documenta que los factores extra legales son los que determinan el uso del encierro cautelar. El documento fue presentado en la Biblioteca y Auditorio del Congreso Nacional el pasado lunes 17 de diciembre.
Entre los factores extra legales mencionados se destaca el temor de los profesionales del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la criminología mediática, por lo tanto, no se rigen por los principios constitucionales, convencionales y legales al decidir el encierro de una persona procesada.
El informe es el resultado de la investigación “La prisión preventiva en Paraguay: Condiciones de aplicación e incidencia en el aumento de la población penitenciaria y en la persistencia de tratos contrarios a la Convención contra la Tortura”, cofinanciada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA.
La presentación de los resultados estuvo a cargo del coordinador de la investigación Roque A. Orrego por la UNP, y por Víctor Ríos, rector e investigador de la mencionada casa de estudios. Ambos destacaron el terror judicial en la aplicación de las garantías constitucionales y procesales que resguardan la libertad de las personas procesadas, ante el creciente pánico moral que vive la sociedad paraguaya, lo que se ha traducido en un encierro masivo sin precedentes en el país.
“Los jueces se han convertido en garantías del encierro, antes que de la libertad”, explicó Roque Orrego; a su vez, Víctor Ríos sentenció: “el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se ha convertido en una cuarta instancia, en donde sus miembros están procesando a magistrados porque no están de acuerdo con las interpretaciones de los fallos, lo que es absolutamente ilegal”.
Asimismo, Juan A. Martens, director del INECIP, explicó los alcances de la investigación, resaltó la importancia de seguir produciendo y divulgando datos empíricos de manera a facilitar el análisis del funcionamiento del sistema penal en el país, con el objeto de fortalecer las garantías de la Constitucional Nacional de 1992 y así frenar el abuso de los operadores de justicia.
En el acto estuvieron presentes autoridades académicas, políticas y judiciales.
