Investigadores propondrán acciones que mitiguen la propagación del COVID-19 durante las gestiones judiciales
Esta investigación pretende identificar y analizar las posibilidades de una gestión jurisdiccional segura, eficaz, eficiente y económica que dé respuestas en materia penal y de la niñez y adolescencia, proponiendo a la Corte Suprema de Justicia, acciones de contingencia en el marco de la pandemia del coronavirus que incluyan un modelo de intervención en materia de gestión jurisdiccional. El mismo implicará cambios en el comportamiento de sus operadores y usuarios, desplegando estrategias que mitiguen las posibilidades de propagación del Coronavirus en la Sede Central del Poder Judicial.
La persistencia de la crisis y la ampliación de las restricciones por parte de las autoridades del Gobierno obligan a generar mecanismos creativos que permita el funcionamiento del Poder Judicial, evitando de esta forma la paralización total de su funcionamiento. En materia penal, la paralización del Poder Judicial sin dudas afecta los derechos de los imputados, de las víctimas y de la sociedad que espera la sanción y la restauración del orden jurídico por la comisión de hechos punibles.
Según los investigadores del proyecto, el Poder judicial debe generar mecanismos que permita la agilización de los procedimientos, teniendo siempre en cuenta el absoluto respeto al derecho constitucional, a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo con todas las garantías. Por ello se deben buscar medidas que agilicen los trámites, simplifiquen los procesos o la incorporación de tecnologías para practicar determinadas actuaciones procesales y de esta forma no se limitaría el acceso a la justicia de la población más vulnerable.
Los profesionales qu forman parte del equipo de investigación son: María Victoria Rivas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Alma María Inés Flecha, Nathalia Lorena López, Patricia Beatriz Mendoza, Alberto Binder y Olga Concepción Fernández De Galeano.
El proyecto denominado “La Justicia en tiempos de Pandemia” recibirá G. 262.000.000 para su desarrollo por parte del CONACYT y será ejecutado por Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
La investigación será financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.
El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de guaraníes, en proyectos de investigación que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.
