Presentaron los resultados de investigaciones sobre crimen e inseguridad en Paraguay a integrantes del Ministerio Público
El crimen, la prisión y la inseguridad en el país fueron los temas de análisis y discusión por parte de fiscales generales adjuntos, agentes fiscales y otros funcionarios del Ministerio Público, en el marco de la presentación de los resultados de dos investigaciones: “La inseguridad en Paraguay. Una mirada desde las víctimas” y “La Prisión preventiva y su incidencia en tratos contrarios a la Convención contra la Tortura”.
Los resultados indican que los índices de homicidio descendieron más del 30% entre 2010 y 2017, ubicando al país con una tasa nacional de 8,63 asesinatos cada cien mil personas, pero con algunos departamentos con altos números; tales como Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y otros, que tienen en común la frontera con Brasil. Respecto a los hechos punibles contra la propiedad, se registra una tendencia ascendente, pero leve.
A su vez, la victimización en 2017 afectó al 36% de la población paraguaya, lo que en números se traduce a unos dos millones quinientas mil personas. En tanto que la denuncia de estos delitos es apenas del 31%. De esta manera, la mayoría de los delitos que afectan a las personas quedan en la cifra oscura de la criminalidad o en el sub registro.
Sin embargo, el miedo a la delincuencia y la creencia del aumento de la misma afecta a más del 97% de la población, lo que en algunas regiones como Asunción y Central incrementa aún más, llegando incluso al 98,5%.
Con estas cifras la población nacional vive en un pánico moral, es decir, una alta inseguridad subjetiva que provoca cambios de hábitos y erogaciones económicas. Precisamente, el año pasado las industrias del control de miedo, aquellas que tienen como materia prima de su negocio el miedo ciudadano, movieron más de 1.300 millones de dólares.
Este pánico moral no solo restringe la posibilidad del ejercicio de derechos ciudadanos, sino que deslegitiman a las instituciones democráticas, poniéndolas en riesgo. Asimismo, una población temerosa acoge con más facilidad discursos populistas y autoritarios.
La actividad se desarrolló a las 10:30, en el local del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP), en Asunción. La socialización estuvo a cargo de los investigadores Roque Orrego, Juan Martens y Víctor Ríos. Además, contó con la presencia de la fiscal general del Estado, Abog. Sandra Quiñónez, quien en una presentación anterior había solicitado la difusión entre los demás integrantes del Ministerio Público.
Estas investigaciones fueron realizadas por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Universidad Nacional de Pilar (UNP) con el cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.
